29.11.10 - 00:13 - TERESA COBO - SANTANDER.
El osezno es una especie cinegética en Rumanía, de modo que la multa por contrabando será leve. La Fiscalía de Zaragoza investiga si los captores del cachorro que se cría en Cabárceno cometieron, además, un delito contra la fauna. A efectos legales, su valor está por debajo de los 4.500 euros, porque abunda en Rumanía.
(Fotografía de T. Cobo)
Con lo gracioso que es y lo hermoso que está, 'Aragón' no tiene precio. Pero las autoridades están obligadas a ponérselo. El osezno más guapo y mimado de Cabárceno tiene que ser tasado como una mercancía para que puedan ser multadas las personas que lo introdujeron en España de contrabando. Por proceder de una zona en la que los osos son una especie cinegética, el pobre sale casi a coste de baratija. A efectos legales, su valor está por debajo de los 4.500 euros y su tenencia sin permiso se considera una infracción administrativa leve.
El largo y asfixiante viaje de Rumanía a España que un diminuto y estresado 'Aragón' soportó hace siete meses en el maletero de un coche es ya un capítulo cerrado en su vida. Pero en Zaragoza siguen abiertos los procedimientos administrativo y judicial a los que dio origen el decomiso del osezno por la Guardia Civil.
Dos agentes de tráfico dieron el alto a un BMW que salió de la autovía A-2 de forma brusca y por encima del cebreado. Esa infracción leve del reglamento de circulación le costó al conductor una multa de 80 euros, pero, sobre todo, sirvió para rescatar al cachorro. Los dos ocupantes del vehículo, rumanos residentes en España, no pudieron acreditar la posesión legal del animal.
El Seprona se hizo cargo de la cría de oso pardo, que fue trasladada dos semanas después al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Los agentes levantaron un acta de aprehensión por una supuesta infracción administrativa de contrabando y la enviaron al Administrador Principal de Aduanas de Zaragoza. Además, instruyeron diligencias por un posible delito contra la fauna y las remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza. El fiscal delegado de Medio Ambiente se ha hecho cargo de la investigación, que sigue su curso.
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