Ante la pasividad del Gobierno francés y el progresivo declive de la población osera en Pirineos, el FIEP y WWF Francia presentaron el pasado 2 de Julio de 2009 una denuncia ante la Comisión Europea por no respetar el derecho comunitario, exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos para evitar la extinción definitiva de esta especie.
Bruselas respondió con una denuncia de la Comisión contra el Gobierno de Sarcozy, por lo que la Ministra de Ecología tuvo que anunciar poco después (en plena campaña electoral) que reiniciaría el programa de suelta de nuevos ejemplares, aunque sin concretar fecha ni localidades por razones de seguridad.
Diversas normas comunitarias, entre ellas la Directiva Hábitats suscrita por todos los estados miembros de la Unión, obliga a los Gobiernos a garantizar la conservación de la biodiversidad realizando acciones que eviten la extinción de las especies más amanezadas y la degradación de sus hábitats. Su incumplimiento puede acarrear graves sanciones, como el bloqueo de fondos estructurales u otras medidas.
El Plan de Reforzamiento (junto a otras medidas de apoyo a la ganadería y para el desarrollo rural), es la única esperanza para asegurar la recuperación de la exígua población osera en el Pirineo, pero a pesar de su incuestionable éxito biológico, ha sido paralizado en varias ocasiones debido al fuerte rechazo de ciertos grupos políticos radicales y la acción de furtivos, que han causado la muerte varios osos en batidas de caza.
